Por Arturo Castellanos Canales

 

 

 

 

 

             Llámenme vende patrias, represor o antirrevolucionario, pero me confieso harto de aquellos temas cuya discusión generan golpes de pecho y negación inmediata de la población que los defiende como si fueran asuntos quasi-religiosos. Me refiero particularmente a los temas de 1. privatización de la industria petrolera, 2. control policiaco de manifestaciones públicas y 3. reelección de cargos públicos*. No se haga el ofendido amable lector, o ¿cuántas veces no ha pensado en la conveniencia para Pemex de imitar el modelo de la brasileña Petrobras? ¿Me dirá que ni durante el bloqueo de Paseo de la Reforma en 2006 tuvo ganas de remover a los manifestantes a base de manguerazos? Y no me venga con que no estaría de acuerdo en ratificar al diputado, senador o alcalde que se hubiere desempeñado correctamente durante su gestión. Analicemos tema por tema e intentemos descubrir el porqué son temas considerados como tabú en México.

I.                    El “Vende-Patrias” (Privatización de la Industria Petrolera)

                Desde que asistimos a la escuela, uno de los grandes héroes nacionales a los que estudiamos merecidamente como tal es al Presidente Lázaro Cárdenas, el gran nacionalizador de la industria petrolera en México. Eso todo lo sabemos, pero ¿cuántos conocen las razones de aquella expropiación? ¿Seguirán siendo válidas y vigentes para la segunda década del Siglo XXI las premisas en las que fundadamente se tomó aquella decisión?

                Corría el año de 1937 cuando el recién constituido Sindicato de Trabajadores Petroleros se declaraba en paro de labores por el supuesto incumplimiento del contrato colectivo de parte de las empresas petroleras y solicitaba a la Junta de Conciliación y Arbitraje que dirimiera dicha controversia, la cual fallaría en favor del sindicato, condenando a las petroleras al pago de 26 millones de pesos por concepto de salarios caídos. Ante dicho laudo, las petroleras promovieron un juicio de amparo, el cual les fue negado por la Suprema Corte de Justicia. Frente a dicha resolución, se constituyeron en rebeldía las compañías, negándose a pagar la cantidad que se les exigía. Mientras tanto, la industria petrolera del país continuaba paralizada. Tras varios días de intensas negociaciones entre Cárdenas y las petroleras en las que no se alcanzó acuerdo alguno, se tomó la decisión de expropiar la industria.

                Hoy, discutir sobre la apertura de Pemex al capital privado resulta un tema cerrado. El petróleo no se privatiza ni se concesiona, punto. ¿Porqué? Pues porque aunque generaría inversión, desarrollo, infraestructura, investigación, capacitación y competitividad para México, al Presidente Cárdenas le costó mucho trabajo sacar a las petroleras extranjeras del país como para volver a lo mismo… ¡Ridículo! El tiempo y las condiciones cambian señores. Hagamos a un lado los tabús de la maléfica palabra de “privatización” y digamos sí a la apertura de capital privado en la industria petrolera por el bien del país.

II.                  “El Represor” (Control Policíaco de Manifestaciones Públicas)

 

El 2 de octubre no se olvida y estoy de acuerdo. Lo sucedido en aquella trágica fecha de 1968 es un evento que será recordado durante décadas como uno de los momentos más infames y brutales en la historia de México. Pero una cosa es lamentar lo sucedido hace 43 años y otra muy distinta es el permitir e incluso facilitar a pillos, rufianes y oportunistas la toma de avenidas y plazas públicas del país. ¿Debe prevalecer su “libertad de expresión” irrestrictamente sobre las demás libertades y derechos del resto de los ciudadanos? Me parece que no. Además, nuestra Constitución es muy clara cuando en su artículo 6º señala como límites a la libertad de expresión que esta será respetada siempre y cuando no se ataque a la moral, los derechos de tercero, provoque algún delito o perturbe el orden público. Solo para que se dé una idea, el plantón de Paseo de la Reforma en 2006 tuvo un costo aproximado de 280 millones de dólares según estimaciones de la Concanaco y Canirac, además del despido de 809 empleados por falta de recursos. ¿No era esa razón suficiente como para que el Estado removiera a los manifestantes? Y llámeles perredistas, panistas, priistas, maestros, electricistas o antorchistas. Sea quien sea, si presumimos de vivir en un Estado de derecho, se les debe reprimir con fundamento en ley cuando en el ejercicio de su libertad de expresión, se vulneren los derechos de terceros.

En Chile, Grecia y el resto del mundo, a los manifestantes que se exceden en su libertad de expresión se les reprime con manguerazos y arrestos. En México, a los porros los vemos como algo cotidiano y como parte de nuestra idiosincrasia. Pues no… ¿Hasta cuándo?

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*En mi próxima columna, el tabú de la reelección en cargos públicos.

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